Entre enero y febrero trescientas mil personas han engrosado las filas del paro y de la exclusión social. Trescientas mil puñaladas en el cuerpo de este país que parece haber nacido para que todos los desaprensivos aniden en él; trescientas  mil puñaladas en el corazón de cualquier persona decente, de cualquier persona que se tenga por tal. Porque aunque no se lo crean, todavía quedan aquí personas decentes y perspicaces, personas que no se explican que han hecho los ricos con los inmensos beneficios especulativos obtenidos durante años, que no entienden por qué no guardaron una parte de ellos en fondos de reserva para tiempos peores, que no saben por qué empresas con beneficios y ayudas públicas anuncian cierres y despidos, que no comprenden como se consiente que se aprovechen del huracán por ellos aventado para limpiar la casa de “indeseables”, es decir, trabajadores silentes que no han hecho otra cosa que dejarse los riñones para llevar unos euros a sus hogares y acrecer exponencialmente las ganancias de sus patrones.

Hablan de esta tragedia tertulianos, economistas, empresarios, sabelotodo y gente que pasaba por allí. Algunos hacen notar lo duro que tiene que ser la nueva situación para esos ejecutivos y empleados de alto rango que llevaban años ganando cantidades impronunciables, del contraste de su escenografía vital: A mí esos tipos me dan exactamente igual, que hubiesen ahorrado cuando pudieron, que no se hubiesen metido en gastos inasumibles, que no hubiesen sido tan estúpidos, tan soberbios, tan ridículos, que se hubiesen mantenido fieles a la clase a la que pertenecían, que no era otra que la de los asalariados. Pero hasta tal punto me es indiferente su situación, que me gustaría ver a muchos de ellos no sólo en el paro, sino en ese lugar donde se entra a la fuerza, por un mandato judicial, y se sale también a la fuerza, cuanto te echan una vez pagada, siquiera parcialmente, la deuda contraída con la sociedad, porque muchos de ellos llevan décadas ingresando nóminas que servirían para que cien familias llevasen una vida holgada, porque, incapaces de toda idea generosa, no han dejado de hablar de excelencia y eficacia, porque cuando las cosas han venido un poco torcidas, las únicas recetas que han sabido utilizar han sido las del despido, la regulación de empleo o las jubilaciones anticipadas con cargo al Estado: Para ese viaje no hacían falta alforjas ni de Harvard ni del barrio de al lado.

Hablan otros, como Fernando Fernández, rector que ha sido de varias universidades privadas, colaborador de Abc y Tele-Cinco, asesor del grupo Vocento, excomentarista de la SER en representación de los círculos más próximos al neoconservadurismo, con todo el cinismo del mundo, de la necesidad de avanzar en la desregularización del mercado laboral porque el paro se está cebando mucho más en quienes tienen, o tenían, un empleo fijo que en quienes viven en precario, que en los emigrantes: Por supuesto, Sr. Fernández, Sr. Wert, Sr. Botín, Sr. Rato, Sr. De Guindos, Sr. Gallardón, Sr. Montoro, quienes tienen una situación laboral en extremo precaria sólo pueden empeorar un poquito más, quienes tienen empleos basura y carecen de la mínima cobertura sindical, no tienen más remedio que trabajar en lo que sea a cambio del salario que decida ese personaje al que ustedes llaman, eufemísticamente, empleador. Su receta, extraída del libro sin letras de la explotación pura y dura, es tan clara como sencilla, tan diáfana como salvaje: Dejen a los “empleadores” hacer su trabajo, no pongan límite a la jornada laboral, hagan el despido más libre de lo que ya es –si eso es posible-, supriman las cuotas de la seguridad social, incentiven a los “empleados” para que contraten con un banco o una aseguradora su salud y su jubilación –si pasa algo, ya vendrá el Estado, o sea todos, a proveer fondos-, bajen los impuestos directos proporcionales y progresivos y, lo antes posible, suprímanlos. Dejen ustedes, sin remilgos de ningún tipo, que regresemos a la Inglaterra de Dickens, a la Ruisa de las almas muertas, a la Europa de los siervos de la gleba, del derecho de pernada, del vasallaje, el diezmo, los portazgos, las tercias y las alcabalas, sólo así, pero nada más que así, será posible salir de la crisis que nosotros –que somos unos grandísimos cabrones, justo es reconocerlo-, con nuestras recomendaciones y acciones, hemos provocado.

Sin embargo, las recetas del Sr. Fernández y compinches, como la de tantos otros que no es preciso enumerar, debieran ser aplicadas, en primer y único lugar, a ellos mismos, a sus hijos, a sus padres, a sus primos, a su tía Antonia, esa que de niños les hacía unas deliciosas natillas, y a sus amigos selenitas, para que –sin la protección que da el privilegio- supieran en carne propia del escozor, la desazón, del amargor tan profundo que provocan, de sus efectos secundarios, colaterales y directos. Tal vez un baño en la realidad les haría, al menos, callarse para siempre. 

Durante los últimos quince años, se produjo en España la mayor acumulación de capitales de la historia, los bancos batieron todas las marcas de beneficios conocidas, al igual que las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, las constructoras, la atuomovilísticas, las gasistas: Insaciables, querían más, mucho más, lo querían todo. Empero, durante el mismo periodo de tiempo, pese a los fuegos fatuos, aumentaron las desigualdades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, la huida del dinero hacia los paraísos fiscales. Fueron José María Aznar y Rodrigo Rato quienes por estos lares llevaron al paroxismo la economía especulativa, haciendo leyes que permitían construir en cualquier lugar del país, incitando a la gente a hacerse millonaria en la ruleta de la bolsa, permitiendo que se cerraran miles y miles de pequeñas y medianas empresas para que sus dueños se dedicasen al gran negocio del siglo: Comprar duros a cuatro pesetas y venderlos por cien. De modo que el tejido industrial español quedó desmantelado, la perspectiva del negocio rápido y cuantioso hizo despreciar el valor del trabajo y el beneficio justo, llevándonos a la situación en que en la actualidad nos encontramos.

Ahora, nos quedan las multinacionales, esas que vinieron cuando éramos pobres al calor de los salarios miserables, esas que chantajean constantemente al Estado amenazando con la deslocalización; nos quedan los especuladores con el dinero retirado del flujo financiero y a buen recaudo; nos quedan los canallas que despiden obreros aun teniendo beneficios sustanciosos y nos quedan, como no, los bancos, esos que declaran beneficios multimillonarios en plena crisis, esos que reciben montañas de euros del Estado para que agilicen los créditos a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, esos que no sueltan una peseta porque, pese a su aparente salud, también están infectados por el virus que vino de Norteamérica y por la vorágine especuladora nacional, esos qué, deslumbrados, concedieron créditos a quien no podría devolverlos, no por altruismo, sino porque sus magníficamente pagados ejecutivos les habían dicho que los inmuebles seguirían aumentando de valor eternamente y, por tanto, multiplicarían su inversión crediticia.

Pues bien, que nadie se olvide, esto es el capitalismo, así funciona la economía libre de mercado cuando el Estado es un convidado de piedra, cuando los trabajadores piensan del mismo modo que los “empleadores”. El capitalismo es un sistema cruel, enormemente cruel, para él no existen las personas, existen los productores, los generadores de plusvalías, los números, nada le importan los seres humanos, ni los blancos, ni los negros ni los que no tienen color, para ellos el hombre está al servicio de la economía, es decir a su servicio, nunca, en ningún caso, la economía al servicio del hombre. Por eso, cuando los bancos –y hablo de un sistema en el que no creo, que ansío cambiar por otro más justo- no cumplen con la función que les justifica dentro del propio sistema, cuando se han llenado los bolsillos de oro y los pies de mierda, salpicándonos a todos, se deben dar los pasos necesarios para que la cumplan, incluida su nacionalización; cuando una empresa con beneficios despide obreros o se traslada a otro lugar donde el “margen de explotación” es mayor, debe ser sancionada por el Gobierno y castigada por los ciudadanos con el boicot a sus productos.

Nadie puede afirmar con seriedad que haya existido en el mundo otro sistema económico distinto al capitalista. Ha existido el modo de producción esclavista, el feudal, el industrial, el financiero-especulativo, el capitalismo de Estado, ahora nos quieren llevar de nuevo al primero de ellos, al esclavista. Nadie puede permanecer ajeno al fondo de la cuestión, a lo que fluye por las aguas subálveas de la crisis, que no es otra cosa que otra vuelta de tuerca al garrote que atenaza nuestros cuellos individualistas: Las trescientas mil puñaladas de estos dos meses, no son más que una muestra de cómo las gasta un sistema que ha sabido sobrevivir a todos los cambios por su crueldad infinita y por la indolencia complaciente de quienes lo sufrimos, por nuestra pereza incomprensible y masoquista. Ha llegado la hora de mandar parar.

Pedro L. Merodio

Fuente: www.rebelion.org

En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, un problema que desde el comienzo de la crisis económica ha cogido fuerza. Como señala un informe presentado este miércoles por Cáritas, en la actualidad, la pobreza en España es "más extensa, más intensa y más crónica que nunca".

Esta es una de las conclusiones del estudio Exclusión y desarrollo social 2012, que ha sido elaborado por la Fundación Foessa. El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno de cada cinco hogares (el 25%) está en "situación de riesgo". El informe también recuerda que España es uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza, sólo superado por Rumanía y Letonia. Según la estadística de la Unión Europea, fue el país europeo donde más aumentó la pobreza en 2010.

"El aumento constante de la desigualdad y la brecha salarial entre ricos y pobres, que se ensanchó muchísimo al principio de la crisis, amenaza con seguir aumentando, lo que provocará la polarización de la sociedad", señaló Sebastián Mora, secretario general de Cáritas.

Un tercio de los hogares españoles tiene "dificultades serias" para llegar a fin de mes y la tasa de desempleo de la persona que más dinero lleva al hogar es del 19%, lo que supone "un máximo histórico", según Cáritas. Las familias con gente joven y menores son las que más se están viendo afectadas.

La renta media

"Ahora hay más pobres y son más pobres que el año pasado", resumió Mora. Las cifras le dan la razón: el umbral de la pobreza (que se calcula en base a la renta media) en 2009 estaba en 8.000 euros y ahora está en 7.800.

El informe de Cáritas también muestra la diferencia territorial. En Navarra, el índice de pobreza es del 7% y en Extremadura, del 38%. Los datos señalan también que hay un ligero descenso en las tasas de pobreza en Galicia y en Castilla y León debido a que hay un alto porcentaje de personas mayores cuyas pensiones no han variado, frente a otras autonomías que están más afectadas por el desempleo.

Cáritas atendió en el año 2010 a un millón y medio de personas, un 20% más que el año anterior. La organización prevé que habrá un aumento similar en las cifras de este año.

En toda la UE hay 84 millones de pobres. Un 10,7% de ese total están en España. En mayo del año 2009, la Comisión Europea (CE) señaló durante el Encuentro Anual Europeo de Personas en Situación de Pobreza que los 27 estados miembros sumaban, en ese momento, 78 millones de personas viviendo en la penuria.

Pero las cifras no hacen más que aumentar. La CE ya advertía de que la crisis estaba generando una nueva clase social, la de los llamados "trabajadores pobres". Es decir, ciudadanos a quienes tener un empleo no les libra de la miseria.

Fuente: www.kaosenlared.net

Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80% del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.

Esa deuda es una losa gigantesca con la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90% del empleo nuevo que se genera en España.

La mayoría de los empresarios y empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan adelante mucho más satisfactoriamente.

Como he dicho, la deuda total con autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010. Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.

Claro que la cosa no puede terminar aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las pymes (que constituyen el 97% del tejido empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.

Es una prueba más de que la solución ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de la sociedad.

Si no se hace asi, porque siga predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.

Así que estos empresarios que se quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas que evaden sus obligaciones con el fisco.

Blog del autor: http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/158-impertinencias-de-febrero-de-2012/2597-las-grandes-fortunas-y-empresas-espanolas-ahogan-a-las-pequenas-y-medianas-empresas

La reforma laboral vigente desde el 12 de febrero impide a la trabajadora que acaba de ser madre juntar las horas de lactancia para poder acumular quince días más a su baja por maternidad, asegura CCOO en un informe jurídico que ha elaborado sobre la nueva norma.

Según ha explicado en un encuentro informativo la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, a partir de ahora la media hora de lactancia habrá de aplicarse diariamente.

Además, para “cerrar aún más” las posibilidades de conciliación se modifica en el real decreto-ley el derecho que regula la concreción horaria en reducción de jornada.

Así se mantiene la previsión “genérica” de que le corresponde al trabajador la concreción horaria y la determinación del período de disfrute.

Sin embargo, ahora se añade que “los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas“.

Esto para López supone que la actual reforma es una incitación a que los convenios regulen el disfrute de esos derechos en función de los criterios empresariales.

Paloma López también ha denunciado que en la reforma laboral hay otro ataque a la igualdad de género: se derogan las bonificaciones a las mujeres trabajadoras que, tras tener un hijo, se reincorporaban al mercado laboral dos años después de su permiso de maternidad.

En el informe jurídico de CCOO también se alerta de que en la reforma laboral hay “serias dudas de inconstitucionalidad”.

La primera es sobre la “extraordinaria y urgente” necesidad que ha argumentado el Gobierno para aprobar la reforma por real decreto-ley, después de que haya reconocido que no va a servir para generar empleo ni a corto ni a medio plazo, según el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz.

También CCOO duda de que sea constitucional que se establezca como obligatorio el arbitraje para solucionar las modificaciones unilaterales del convenio aprobados por el empresario.

CCOO también está estudiando recurrir ante el Constitucional que se introduce el despido “libre y gratuito” con el contrato fijo nuevo que se crea para los autónomos y las pymes de menos de 50 trabajadores.

Con este contrato los trabajadores pueden estar un año de período de pruebas, al final del cual no serán indemnizados si no se les hace fijos, y podrán compatibilizar el salario con el 25 % de su prestación por desempleo.

Al respecto, Paloma López ha explicado que, aunque el Gobierno dice que sólo gastarán un 25 % de prestación, cada día cuenta como una jornada completa, por lo que durante el año de prueba esas personas habrán consumido 6 meses de su cobertura.

Los servicios jurídicos de CCOO también denuncian que el PP ha vuelto a incurrir, como hizo en el “decretazo de 2002″, en la supresión de los salarios de tramitación para los trabajadores que después de ser despedidos sean finalmente readmitidos.

El Tribunal Constitucional condenó al entonces gobierno del PP a pagar esos salarios a los trabajadores que en aquellas fechas fueron despedidos y no los percibieron, ha recordado Górriz.

Fuente: Agencia EFE

En 1889, la España del turno pacífico de la Restauración aprobó el Código Civil, el gran esqueleto legal que ha llegado hasta nuestros días. No había entonces ningún diputado vinculado al movimiento obrero y nadie había conmemorado aún el Primero de Mayo. Y sin embargo, el artículo 1.256 de la compilación que promovió Sagasta rezaba así: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

La reforma laboral que el Gobierno del PP acaba de remitir al Congreso es tan profunda que algunos juristas advierten de que en 2012 peligran derechos tan antiguos como el conquistado con Sagasta: el nuevo contrato llega a dar potestad absoluta al empresario durante todo un año el periodo de prueba para despedir sin explicación ni indemnización. Es decir, subraya José Luis Aramburu, abogado vinculado a UGT, "se deja al arbitrio de uno de los contratantes".

"No es que volvamos al siglo XIX, sino que algunos derechos tenían entonces mejores garantías", sostiene Aramburu. "La reforma deja en manos del empresario un poder omnímodo que nos retrotrae muy lejos", le secunda Enrique Lillo, responsable del gabinete jurídico de CCOO.

Algunos expertos en el mercado de trabajo, como Albert Recio, economista de la Universidad de Barcelona, coinciden también en que la reforma laboral conduce de lleno al siglo XIX, "a falta ya sólo del derecho de pernada".

Pero incluso catedráticos en Derecho del Trabajo tan comedidos como Fernando Valdés Dal-Ré, de la Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Cruz Villalón, de la de Sevilla, sostienen que los cambios no tienen parangón con las más de 30 reformas laborales de la democracia, sino que inauguran un terreno de juego nuevo. "Es un torpedo en la línea de flotación del sistema que nos acerca al sureste asiático", sostiene Valdés.

"Se superan varias líneas rojas", avisa Cruz Villalón.

Lo que está en juego, subraya la decena de expertos consultados, va mucho más allá de la cuantía de la indemnización o la facilidad para despedir: afecta a la baraja misma. Y al cambiarla, quedan en entredicho algunos derechos que se daban por descontados.

1. Despido con causa: Un año hibernado

Hasta ahora, las empresas podían despedir a cualquiera, pero se les exigía una explicación, cuya veracidad podía ser luego analizada por un juez: de ello dependía que el despido fuera procedente o improcedente, que exige una mayor indemnización.

Los expertos lo llaman el derecho a la causalidad del despido, que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional forma parte inherente del "derecho al trabajo" consagrado en el artículo 35 de la Carta Magna: hay que alegar una causa para despedir.

El nuevo contrato estrella de la reforma del PP queda al margen: durante un año, el empresario podrá despedir al trabajador sin alegar motivo ni indemnizarlo. El contrato es para cualquier empleo, sin distinción de edad ni de funciones, en las empresas de menos de 50 trabajadores, que representan el 90% del total y donde trabajan dos tercios de los asalariados españoles.

"Un contrato así, con un año sin terminación causal, provocará rotación y maquillaje estadístico: pasarán a constar como fijos muchos trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento", augura Cruz Villalón.

2. Convenio colectivo: Descuelgue unilateral

José María Zufiaur, del Consejo Económico y Social Europeo, considera que la negociación colectiva es "la gran conquista histórica del movimiento obrero", que le permitió superar esa relación tan desigual entre un empresario y un trabajador. Pero con la reforma, añade, es un "sarcasmo" seguir llamando igual en España a este instrumento básico, reconocido en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1949 y que cuenta con la máxima protección constitucional en su artículo 37.1:

"La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".

Hasta ahora, el convenio tenía rango de ley. Con la reforma, el empresario puede ignorarlo alegando que le es útil para superar la crisis, con lo que el decreto elimina la "fuerza vinculante" subrayada en la Constitución. Con dos vías: dando prioridad al convenio de empresa sobre el del sector o el provincial, o incluso con la posibilidad de descolgarse del convenio propio y entrar en lo que Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, denomina "una nueva zona franca, en la que los trabajadores dejan de ser portadores de derechos de ciudadanía".

El debilitamiento de los convenios se remata con la eliminación de la llamada ultraactividad. Hasta ahora, el convenio seguía vigente tras concluir el periodo de aplicación, a la espera del nuevo acuerdo. Ahora morirá automáticamente si no hay un pacto en dos años.

"La negociación colectiva puede perder su histórica relevancia y convertirse sólo en un instrumento al servicio del empresario", apunta Valdés.

3. Tutela judicial: Se busca: otro árbitro

En la Memoria Económica de la reforma laboral, el Ejecutivo expresa desconfianza ante "las interpretaciones laxas" de los jueces. Y la norma reduce tanto su papel que varios expertos creen que se vulnera incluso el derecho a la tutela judicial efectiva, de máxima protección constitucional.

"Con el nuevo esquema, la reclamación en los tribunales se vuelve inútil", opina Juan Ignacio Marín, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, quien considera que la reforma "destruye la seguridad jurídica de los trabajadores; costó mucho ganarla y se pierde en un segundo".

El primer motivo es la "potestad absoluta" que la reforma otorga al empresario para tomar decisiones, lo que ya restringe mucho el sentido de acudir a un juez. Pero el decreto acaba también con los salarios de tramitación, uno de los sostenes del procedimiento: si un juez dictaminaba que el despido era improcedente, el trabajador tenía derecho a percibir su salario desde el momento del despido hasta la sentencia. Ya no.

La reforma dirige los desacuerdos hacia el arbitraje obligatorio, figura que frena de raíz la vía judicial y que se asigna a una comisión con los agentes sociales y la Administración. Valdés ve en ello una resurrección del laudo franquista contra el que tanto lucharon las organizaciones sindicales: si patronal y sindicatos discrepan, siempre desempata el representante del Gobierno. "Es exactamente el laudo franquista, ahora en nombre de la libertad de los mercados", opina el catedrático.

4. No discriminación: Excluir es más fácil

La no discriminación es otro derecho fundamental, protegido por el artículo 14.1 de la Constitución, que se arriesga a convertirse en un "queso gruyer", lleno de agujeros, según la expresión de Pérez Rey.

Los juristas de los sindicatos han advertido que el nuevo contrato con un año de prueba deja fuera, en la práctica, a los parados de larga duración al tener el empresario incentivos fiscales si contrata a un perceptor de la prestación.

Pero los riesgos van mucho más allá, coinciden los expertos: ahora, cualquier persona que tenga dos bajas que sumen nueve días en dos meses puede ser despedido incluso si contaba con causa justificada y autorización médica. Para el Gabinete Jurídico de CCOO, ello no sólo abre la puerta a que una gripe mal curada lleve al despido, sino que pisotea el derecho a la no discriminación: "Se dota a las empresas de un mecanismo para mejorar la productividad por la vía del despido de los trabajadores a los que por sus características físicas, genéticas, de ámbito social o simplemente por las circunstancias de la vida, los coloque en mayor propensión a sufrir los efectos de las enfermedades".

Algunos juristas creen que la norma abre también la vía a la discriminación por motivos ideológicos o de cualquier tipo al permitir que el empresario rebaje unilateralmente el salario o las condiciones a determinados trabajadores, seleccionados por la dirección.

5. Indemnización: Años perdidos

La ley no es retroactiva y, por tanto, nadie pierde en teoría derechos adquiridos: si un trabajador es despedido de forma improcedente, percibirá por el periodo acumulado hasta ahora 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 48 meses.

Problema: bastan tres trimestres de caída de ingresos, sin esperar siquiera al ejercicio completo, para que este mismo trabajador pueda ser despedido de forma procedente y le correspondan, por tanto, 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses.

No hay retroactividad, pero este trabajador imaginario percibirá mucho menos con la reforma laboral. Zufiaur estima que el 45% menos de forma generalizada. Y el periodista Xavier Vidal-Folch ha calculado que puede llegar a recibir hasta el 70% menos sin demasiada dificultad: un trabajador que gana 1.000 euros al mes con 28 años de antigüedad pasaría de percibir 42.000 euros a 12.000.

6. Salario pactado: Riesgo de papel mojado

Una de las reglas básicas del derecho laboral es que las condiciones que constan en un contrato de trabajo deben respetarse. Y esta es también una característica presente en todas las definiciones de trabajo digno que ha esbozado la OIT: cualquier cambio debe pactarse y ser aceptado por el que sale perdiendo.

La reforma laboral pone fin a este derecho: a un empresario le basta una caída de ingresos durante tres trimestres para rebajar, si quiere, el salario de los trabajadores, incluso si el cuarto trimestre llegara a declarar beneficios récord. La única alternativa del trabajador disconforme es auto despedirse: sólo tendrá derecho a la misma indemnización que un despido procedente.

7. Libertad sindical: Derechos o heroísmo

El derecho a la libertad sindical, intrínseca en una democracia, sigue formalmente inalterado: todo el mundo es libre de convertirse en sindicalista.

Pero algunos expertos avisan que la reforma empieza a convertirlo en teórico y de difícil plasmación práctica: "Si se banaliza el despido hasta convertirse en un acto de gestión cotidiana que no requiere ni causalidad y las relaciones laborales se desequilibran tanto, el propio derecho de libertad sindical peligra", opina Pérez Rey. "Un trabajador sin protección sólo puede ejercer derechos de forma heroica y entonces es que el derecho no está garantizado", concluye.

8. Prestación: Un boquete potencial

El decreto ley no altera la prestación por desempleo, pero, a juicio de Recio, el derecho empieza a ser socavado con la reforma.

En una doble vía. De un lado, elimina el periodo máximo de un ERE temporal, que ya no necesita autorización administrativa y que, al menos teóricamente, podría consumir toda la prestación del trabajador antes de quedarse en paro. Del otro, da poder a las ETT en la búsqueda de empleo para los parados. "¿Qué pasará cuando alguien rechace dos trabajos basura que le ofrece una ETT y esta sugiera que se le quite la prestación por ello?", se pregunta Recio.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha valorado este miércoles en rueda de prensa la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes. "El empresario no tiene en la cabeza despedir, si no no contratarían", ha manifestado en su comparecencia tras la reunión de la Junta Directiva de la patronal. 

Rosell ha asegurado que "el Gobierno ha cogido el toro por los cuernos en las últimas semanas", al culminar con una reforma laboral que, en su opinión, podría generar empleo "en el medio plazo", un proceso de reformas estructurales que debería servir para sacar a la economía española de la actual situación de "emergencia".

Si bien, ya ha avanzado que esta "modernización" del mercado laboral requerirá "cambios" en el futuro y "no será la última". A corto plazo, ha dejado caer que la patronal aprovechará el trámite parlamentario para lograr algunas de las pretensiones que quedaron fuera del acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos e intentará ir más lejos en materia de flexibilidad. Rosell ha reiterado además que la reforma laboral "va en la buena dirección" y llega en el momento "adecuado", pero no ha dado la importancia que se merecía al acuerdo bilateral sobre negociación colectiva.

Los cambios de la CEOE
Rosell ha indicado que, a primera vista, no hay visos de inconstitucionalidad en la reforma laboral y que debería haber ido "mucho más allá en flexibilidad" y en la simplificación de la "maraña" legal en el mercado laboral. Además, ha señalado que habría que abordar "lo más rápidamente posible" el decreto de 1979 que regula el derecho a la huelga para que "por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros", y ha reiterado que los empresarios siguen esperando una rebaja de cuotas sociales.

Así pues, Rosell ha precisado que la CEOE hablará con todos los grupos parlamentarios porque hay una serie de cuestiones que "aclarar y concretar" y para que "lo que quede escrito al final del proceso quede claro para todos y para los jueces". En cuanto a los aciertos, Rosell ha celebrado los cambios en materia de contratación y despido. Al respecto, ha confiado en que sirva para que en el futuro haya cada vez más contratos indefinidos y menos temporales, y para que se solucione la "anomalía" del 'despido exprés'. En cuanto al coste del despido, Rosell ha indicado que tras la reforma queda "en línea" con el resto de países europeos.

A la espera de vientos favorables
Por otro lado, el presidente de la patronal ha indicado que la reforma laboral "no va a crear empleo mañana por la mañana", pero que ayudará a la creación y consolidación de los puestos de trabajo "en cuanto los vientos de la economía sean más favorables". "Es muy difícil saber cuando se creará empleo, pero nos gustaría que después del verano y antes del final de año empecemos a recoger los frutos", ha sentenciado.

El Gobierno prepara la ley de mutuas
Durante la rueda prensa, el vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) ha avanzado que el Gobierno "está preparando" la próxima ley de Mutuas para reducir la "lacra" del absentismo y que estará lista "en tres meses".

Por lo demás, ha señalado que es "la mayor reforma laboral de la historia". "Sin triunfalismos, pero los empresarios necesitábamos quitarnos de encima la rigidez que teníamos para contratar", ha añadido. Por su parte, el presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Jesús Terciado, ha calificado la reforma de positiva, por cuanto permitirá una lucha más efectiva contra el absentismo laboral, más flexibilidad interna y "acerca" a Europa en las cuantías de las indemnizaciones por despido.

"La pyme y los autónomos somos especialmente bien tratados en esta reforma laboral", ha sentenciado. Si bien ha indicado que el límite de dos años en la ultraactividad sigue siendo "excesivo" y que su organización intentarán introducir modificaciones para reducirlo, al tiempo que intentará incluir en la reforma la reorganización de los festivos.

Fuente: www.kaosenlared.net

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) critica severamente la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, que califica como la expresión "de un nuevo y grave desequilibrio" entre empresarios y trabajadores. Considera que crea un "injusto marco de relaciones laborales" que consagra la hegemonía patronal a costa de reducir la intervención de los trabajadores.

Por ello, la UPIT se muestra en desacuerdo con la norma: "Sostenemos que es necesario el mantemiento del equilibrio en las relaciones de trabajo como instrumento de progreso; que los poderes públicos no deben abdicar de sus responsabilidades de regulación y control, que las organizaciones empresariales y sindicales fuertes son la condición para el necesario diálogo social". La asociación rechaza que España pretenda ser competitiva a coste de "bajos salarios, precarización y desregulación", sino que debe defender el Estado del bienestar, la estabilidad en el empleo y la ampliación de la democracia en el ámbito de la empresa.

La asociación considera que la reforma "consagra" la privatización de los servicios de colocación a través de las empresas de trabajo temporal y del refuerzo del sector privado en la formación profesional. Critica también las novedades en contratación: la posibilidad de encadenar varios contratos de formación y el periodo de prueba de un año del nuevo contrato para pequeñas y medianas empresas, que, dicen, instaura "un nuevo modelo de contrato temporal".

La reducción de la indemnización por despido, la eliminación de la autorización administrativa para aprobar ERE y la de los salarios de tramitación, así como la introducción de elementos de flexibilidad interna en manos del empresario son algunos aspectos cuyo objetivo real es continuar con la "transferencia de renta de los asalariados a los empresarios", según la UPIT.

"Nuestra legislación laboral no era rígida en absoluto. Antes al contrario, es la más flexible de Europa, como revelan los datos", contestan los inspectores de empleoal manido argumento de que las leyes laborales eran excesivamente estrictas e impedían crear empleo. La UPIT arguye que en años de expansión, el crecimiento económico y del empleo en España fue el mayor de Europa, mientras que cuando se desató la crisis, la pérdida de empleo fue también el mayor de la UE; en los dos casos con la misma legislación.

Fuente: www.publico.es

Vuelco en las relaciones laborales. La reforma aprobada por el Gobierno traerá consigo una avalancha de despidos en las grandes empresas. ¿La causa? La eliminación de la autorización administrativa que, con carácter previo, se exigía hasta ahora a las empresas antes de proceder a despidos colectivos. El Real Decreto Ley argumenta que esa autorización era “contraria” a la “celeridad” que se requiere a la hora de despedir, y de ahí que ahora se elimine.

La consecuencia no puede ser otra que una nueva ronda de ajustes de plantillas en los centros de trabajo de mayor tamaño. Por un lado, las empresas se ahorrarán los actuales salarios de tramitación; mientras que, por otro, las negociaciones con los representantes se limitan a abrir unperiodo de consultas que, en ningún caso, puede superar los 30 días naturales. O incluso quince si se trata de empresas con menos de 50 trabajadores.

Para Rafael López Parada, magistrado de lo social del Tribunal Superior de Castilla y León, la supresión “amenaza gravemente los fondos públicos del desempleo”. Pero además, “crea un todo un problema” para las grandes y medianas empresas que gestionaban sus dificultades temporales mediante expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos. En un artículo publicado en el blog Metiendo Bulla augura un aluvión de demandas judiciales. Expedientes ya en marcha pueden ser declarados ilegales por los tribunales -no desaparece la tutela judicial efectiva-, pero a posteriori.

Un aluvión de expedientes sin mediar pacto laboral sería toda una novedad en las relaciones laborales españolas, toda vez que históricamente los EREs han sido consensuados entre las empresas y los representantes de los trabajadores. En 2011, por ejemplo, con datos entre enero y noviembre, la autoridad laboral aprobó 17.919 expedientes (de extinción, suspensión o reducción de jornada), pero nada menos que 16.384 fueron pactados. Y es que las empresas conocían que un ERE que llegara con el acuerdo sindical, tenía más razones para prosperar ante la autoridad laboral, y eso es lo que ha cambiado ahora, lo que explica que pueda dispararse la litigiosidad.

El decreto se limita a mantener la exigencia comunitaria de abrir un período de consultas, pero sin exigirse “un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos”.

Un contexto depresivo

El hecho de que la norma laboral vaya a entrar en vigor en un contexto recesivo añade leña al fuego. Muchas grandes empresas todavía tienen por delante ajustes de plantilla. De hecho, el año pasado se aprobaron 1.314 EREs en empresas con más de 1.000 trabajadores, muy por encima de los 948 de 2010, y eso que la economía creció más que el año anterior. Como se sabe, los diferentes institutos de coyuntura estiman que el PIB caerá este año entre un 1,3% y un 1,7% en un contexto depresivo de la demanda interna, lo que pondrá al límite la tesorería de las empresas.

La información que obra en poder del Ministerio de Empleo sugiere que el 20% de los expedientes aprobados por la autoridad laboral tiene que ver con problemas de “tesorería o financiación”; mientras que otro 30% hay que vincularlo a problemas económicos. Con todo, casi el 40% de los EREs están ligados a causas organizativas o de producción. Lo sindicatos temen ahora que tras la reforma se produzca una “oleada” de EREs en empresas que estaban esperando los cambios legislativos.

Al contrario que sucede en otros países, en particular en Alemania, en España no está asentada la cultura de repartir las horas de trabajo para reducir el número de despidos. De hecho, las cifras más recientes referidas a los años de crisis muestran que la jornada laboral pactada en convenio lejos de disminuir, crece.

La jornada anual de trabajo media se situó en 1.757 horas el año pasado, la cifra más alta en  una década. Hasta el punto de que no ha dejado de crecer desde 2007, que marca el inicio de la crisis y el imparable aumento del desempleo. No se reparten las horas sino que, por el contrario, los que mantienen el empleo trabajan más. El año pasado (hasta noviembre) 57.334 trabajadores fueron despedidos en el marco de un expediente de regulación de empleo, de los que cerca del 25% procedían de empresas con más de 1.000 trabajadores, muy por encima de su peso en el tejido productivo español.

Para evitar esta práctica, el reciente acuerdo entres sindicatos y empresarios establece que en los convenios sectoriales se incluyan cláusulas de inaplicación temporal negociada de determinadas condiciones de trabajo, como el horario y la distribución de la jornada de trabajo.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/economia/2012/02/14/la-reforma-laboral-abre-la-via-a-una-avalancha-de-despidos-en-las-grandes-empresas-92600/

El pasado viernes el gobierno del PP anunció una nueva reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley en las próximas semanas.

Como en ocasiones anteriores, el gobierno la presenta como el camino imprescindible y seguro para solucionar el problema del paro que es el que más preocupa desde hace años a los españoles. Ahora se dice textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedadque gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y lucha contra el fraude…

Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.

¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?

El problema radica en que, aunque se oculte, ya disponemos de suficiente experiencia sobre lo que de verdad se consigue con el tipo de medidas flexibilizadoras, de recorte de derechos laborales y de abaratamiento del trabajo que de nuevo se vuelven a imponer.

En esta primera valoración de urgencia de la reforma no podemos hacer una análisis exhaustivo de todas ellas así que nos vamos a limitar a poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la estrategia general que persigue y las medidas concretas más relevantes que contiene no han permitido nunca alcanzar los objetivos que dice el gobierno que van a conseguir ahora (más empleo, más empleo de calidad y mejores condiciones de la economía en general). Y que, por tanto, no hay razones para esperar que ahora puedan lograrlo.

La estrategia de la reforma

Las diferentes medidas que contiene la reforma no comportan una a una grandes novedades (salvo las referidas a la negociación colectiva que comentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmente en las grandes líneas estratégicas de las reformas laborales que se vienen llevando a cabo desde los años ochenta:

- Abaratar el despido:

La nueva reforma reduce la indemnización de 45 días por año con un limite de 42 mensualidades en el despido improcedente y a 33 días con un limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos; modifica las causas de despido para evitar el control judicial; elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos; y facilita el despido por absentismo y el debido a enfermedad.

- Flexibilizar el marco general de las relaciones laborales:

La nueva reforma amplía las posibilidades de movilidad geográfica; facilita al empresario la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo; y permite suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo, sin autorización administrativa.

- Promover la negociación individual de las condiciones de trabajo acabando con la colectiva:

La nueva reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el arbitraje obligatorio; acaba con la prórroga automática de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; y da preferencia siempre al convenio de empresa respecto al sectorial.

- Abaratar el empleo (especialmente de los jóvenes) permitiendo la existencia de auténticos contratos basura y la intensificación del trabajo femenino:

La nueva reforma crea un nuevo tipo de contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas españolas y que podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario; también otro contrato para la formación y el aprendizaje que se desvincula de la formación del trabajador; modifica el contrato a tiempo parcial para permitir la realización de horas extraordinarias y se fomenta este último tipo de contratación, como dice textualmente la propia nota informativa, para compatibilizar el empleo con la vida familiar y personal, lo que, en ausencia de políticas de corresponsabilidad, especializará a las mujeres en este tipo de empleos.

Además de todo ello conlleva otras medidas como las de bonificaciones y subvenciones, cambios institucionales significativos (como acabar con el monopolio de la formación de patronales y sindicatos lo que aún es pronto para saber el efecto práctico que pueda tener), la posibilidad de que los organismos públicos lleven a cabo expedientes de regulación de empleo, más privilegios a las grandes empresas de trabajo temporaly,como corolario de todo lo anterior, facilitar la reducción de los costes laborales y la moderación salarial.

Aparentemente, a grandes rasgos, la reforma podría simplemente considerarse como realmente limitada y una más en la línea de las anteriores y tendría la misma utilidad que han tenido y que ya hemos denunciado en otros textos (¿Qué se pretende con la reforma laboral?). Pero creemos que sería un gran error no descubrir la auténtica carga de profundidad que llevan consigo estas nuevas medidas laborales.

A nuestro juicio, la reforma del Partido Popular comporta una gran novedad y es que prácticamente renuncia a llevar a cabo modificaciones profundas en las condiciones relativas al entorno general en el que se mueven las relaciones entre empresarios y trabajadores (en la flexibilidad del mercado) para centrarse en la protección de los intereses del empresario, aumentando la flexibilidad interna de la empresa por la vía de darle a un poder de decisión frente a los trabajadores mucho mayor que el que hasta ahora tenían.

Lo que esta reforma busca no es, como en otras ocasiones, que el mercado de trabajo español responda en mayor medida a los principios que vienen sosteniendo los economistas neoliberales, que todo él sea más flexible para facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo. No. Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es, por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico.

Por eso la reforma va a ser mejor recibida por la patronal que por los analistas económicos neoliberales que, en realidad, han visto frustradas sus propuestas de los últimos años (sobre todo, la del contrato único) orientadas a desregular la totalidad del mercado y no solo la actividad en el interior de la empresa (aunque valoren positivamente lo que la reforma propone en este campo).

La reforma es efectivamente tímida desde el punto de vista neoliberal en lo que se refiere a la macroregulación del mercado laboral pero posiblemente sea la reforma más profunda y radical de los últimos treinta años desde el punto de vista de la distribución de los poderes de decisión y por tanto de apropiación entre propietarios del capital y los trabajadores. Y esto es lo que no debe pasar desapercibido.Es una reforma decisiva no por lo que va a conseguir a corto plazo sino por las condiciones que establece para el futuro de la economía española que, con el nuevo diseño del marco laboral que se le impone, no podrá especializarse sino en el suministro de servicios de baja calidad y valor añadido para ponerse a la altura, en todo caso, de las economías más empobrecidas de nuestro entorno.

El gobierno no ha planteado una reforma para crear empleo, ni para crearlo de calidad, ni para disminuir la temporalidad, ni la dualidad, ni mejorar la formación sino para proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar y que, como consecuencia de las políticas de austeridad que aplica y de las concesiones que hace a la banca, sus negocios tendrán menos demanda y menos actividad productiva y, por tanto, menos necesidad de empleo.

Las medidas verdaderamente relevantes de la reforma son las encaminadas a dar prioridad a los convenios de empresa, a permitir que los empresarios puedan modificar unilateralmente las condiciones individuales de los trabajadores (con control judicial ex post) y las condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos, especialmente las relativas a jornada, y å eliminar la prórroga automática indefinida de los convenios (la ultraactividad).

Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores estableciendo quea partir de ahora “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Y esas modificaciones se considerarán sustanciales cuando afecten a materias como jornada de trabajo,
horario y distribución del tiempo de trabajo,
régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento
y, en algunos casos, funciones. Es decir, a la práctica totalidad de las que tienen que ver con las condiciones de trabajo.

Este es el cambio radical que comporta la reforma. Radical pues lo que hace en la práctica es una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo. En lugar de que el legislador admita que en la relación laboral hay una asimetría profunda porque empresario y trabajador parte de situaciones diferentes y disponen de un poder de negociación muy desigual, y que, por tanto, el segundo necesita normas que lo protejan, se concede ahora todo el poder de decisión a quien lo tiene de partida por ser el propietario del capital frente a quien solo dispone de su fuerza de trabajo.

A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basa en el principio más reaccionario e injusto que puede tener una norma: tratar igual a los desiguales. Poniendo al empresario frente al trabajador individual, sin que a éste le pueda apoyar un convenio que es el resultado del poder colectivo mucho mayor que el suyo propio, la consecuencia inevitable no va a ser otra que la degradación de las condiciones laborales.

Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno y los economistas neoliberales llamen a eso “modernización de la negociación colectiva” cuando lo que hace la reforma en realidad es retroceder a la forma en que se contrataba a los trabajadores en el sigo XIX.

Todo lo demás de esta reforma es accesorio y en el debilitamiento del poder negociados de los trabajadores en donde se encuentra su núcleo duro de la reforma.

A medio y largo plazo, como queda dicho, no va a traer otra consecuencia que el deterioro del mercado laboral y la degeneración de las condiciones de trabajo y, con ello, el de toda la economía. Y está por determinar cuál va a ser su efecto definitivo a corto plazo teniendo en cuenta que el gobierno ha puesto al alcance de los empresarios dos vías de respuesta ante la mala coyuntura en la que estamos que provocarán efectos diferentes según se use preferentemente una u otra: el despido más barato para aliviar plantillas y el reajuste interno, ahora más cómodo, para evitarlo.

¿Qué podemos esperar de la reforma?

¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno y será verdad que con el despido más barato las empresas contratarán a partir de ahora más empleo indefinido que temporal?

¿Optarán mejor la mayoría de las empresas por aprovecharse en los próximos meses del despido más barato para desembarazarse de contratos indefinidos y sustituirlos por temporales o por los más precarios que crea la reforma?

¿O aprovecharán las empresas las facilidades que le concede la reforma para llevar ajustes internos sin recurrir a despidos, consolidando entonces plantillas más precarias, versátiles y baratas?

¿Es cierto, como creen los dirigentes empresariales, que lo que se necesita para salvar a las empresas españolas en esta coyuntura crítica es darle más poder a los empresarios y reducir los derechos laborales y el coste del trabajo? ¿Será suficiente con eso para evitar que sigan cerrando miles de empresas y perdiéndose cientos de miles de empleo?

Naturalmente, no tenemos la intención de jugar a ser adivinos ni tampoco queremos ser agoreros. Pero resulta, como decíamos al principio, que hoy día sabemos lo que ha ocurrido en España y en otros países cuando se han tomado este tipo de medidas y que, en consecuencia, se puede aventurar lo que va a volver a suceder con las que se van a aprobar ahora.

La evidencia empírica nos dice con bastante claridad lo que suele suceder cuando se reduce el coste del despido,que es lo que viene haciéndose desde los años ochenta y en España en mayor medida que en ningún otro país de la OCDE. A saber:

- No se crea empleo neto porque facilita mucho su destrucción en etapas de recesión como la actual.

- No disminuye el nivel de desempleo porque también se ha demostrado hace tiempo que las decisiones sobre contratación de los empresarios dependen de otros factores distintos a los costes del despido.

- No reduce la temporalidad ni se produce un incremento sustantivo de la contratación indefinida.

Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva como la actual,lo que con toda probabilidad cabe esperar de la medida que ha tomado el gobierno es que produzca lo mismo que se consiguió con las sucesivas reducciones del coste del despido: que aumenten los despidos.

Por otro lado, la evidencia empírica también demuestra justamente lo contrario de lo que afirman quienes defienden este tipo de reformas. La mayor flexibilidad interna en las empresas puede ser generadora de empleo en algunas. En realidad, casi exclusivamente en las que no resulten muy afectadas por la caída en la demanda que inevitablemente lleva consigo la reducción de los ingresos que produce la mayor precarización del empleo cuando se recortan los derechos y el poder de negociación de los trabajadores.

Y es fácil constatar que ha sido precisamente la progresiva flexibilización de las relaciones laborales que se viene produciendo en los últimos treinta años la que ha traído consigo el empleo de baja calidad, los salarios más bajos y el fenómeno de la “dualidad” en el mercado de trabajo, esto es, la existencia, por un lado, de trabajadores con contratos indefinidos, alto grado de seguridad y aceptables condiciones de trabajo y, por otro, de otros con empleo temporal, inseguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello, una menor demanda y ritmos más bajos de crecimiento de la actividad económica y en la creación de empleo.

Es por eso que se pueda aventurar que si las empresas españolas optan por el reajuste interno haciendo uso de la mayor flexibilidad interna que ofrece la nueva reforma, quizá podría mantenerse el empleo pero esto siempreque existiese suficiente demanda efectiva. Pero incluso en ese caso, lo que ocurriría seríaque empeoraría la situaciónde los trabajadores con mejores empleos sin mejorar a los precarios de contratos temporales. Una vía retrógrada de “luchar” contra la dualidad.

Pero sin mejorar las condiciones de entorno del mercado de trabajo, manteniendo las políticas de restricción del gasto y de moderación salarial, lo que inevitablemente va a ocurrir es que habrá menos demanda y que la inmensa mayoría de las empresas (las que no disponen de gran poder de mercado o de yacimientos de actividad en el mercado global) no van a poder sobrevivir ni mantener el empleo actual por mucho poder de decisión que acumulen los empresarios. Imponiendo salarios cada vez más bajos y reduciendo el gasto en la economía, ese poder no les va a servir de mucho. Nadie puede salir de un hoyo tirándose de los pelos que es lo que en realidad le ofrece el gobierno a los empresarios con este nuevo marco de legislación laboral tan favorable para ellos.

En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando sobre el cuello de las empresas y los trabajadores españoles la misma espada de Damocles que se obstinan en no tener en cuenta ni la patronal ni los economistas neoliberales: la falta de actividad y las malas condiciones macroeconómicas. Un gran número de análisis empíricos han mostrado que, incluso si se pudiera aceptar que actuar sobre algunas de las variables institucionales que las tesis ortodoxas consideran como causa del desempleotuviera un efecto significativo sobre el nivel de empleo o sobre su calidad cuando se analizan aisladamente, lo que generalizadamente ocurre cuando se toman en consideración otras variables es que o no lo tienen o es mucho menos determinante que otros factores relativos a las condiciones macroeconómicas en que se desenvuelve el mercado de trabajo (Ver V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, “Hay alternativas. propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, Sequitur, pp. 83 y siguientes).

Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que las empresas españolas vayan a optar en esta situación recesiva que va a ir a peor por reajustar internamente sus plantillas y no por despedir con menos coste a sus trabajadores, los fundamental está sin resolver: en la economía española no hay demanda suficiente ni la financiación necesaria para que las empresas pueden crear o incluso mantener el empleo por muy protectoras del empresariado que sean las nuevas normas laborales.

En lugar de abordar este asunto, que es el prioritario y del que realmente depende que se mejore el mercado laboral y se salven miles de empresas y millones de empleos, el gobierno del Partido Popular ha preferido ir por la vía más fácil de concederle más poder a los empresarios ya de por sí más poderosos y de quitarle derechos y capacidad de decisión a los trabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa mayoría de los empresarios les va a compensar disponer de estos privilegios decimonónicos porque empobrecer a los trabajadores es empobrecer a la sociedad y, a la larga, a los propios empresarios que realmente se dedican a crear riqueza y empleo.

¿Quién se puede creer que de verdad se puede progresar en el siglo XXI tomando como referencia los principios de actuación y las normas del XIX?

Fuente: http://altereconomia.org/sec/?p=30